La Justicia Especial de Paz (JEP) estudia la posibilidad de decretar medidas cautelares en el Canal del Dique con la intención de preservar los cuerpos de víctimas de desaparición forzada que presuntamente se encuentran en los lugares de injerencia del Megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados en ese brazo del Magdalena.
Piden protocolos para eventuales exhumaciones. El tribunal estudia medidas cautelares en esa zona.
La Comisión de la Verdad y víctimas celebraron el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que estudia la posibilidad de decretar medidas cautelares en el Canal del Dique con la intención de preservar los cuerpos de víctimas de desaparición forzada que presuntamente se encuentran en los lugares de injerencia del megaproyecto en ese brazo del Magdalena.
La JEP inició desde este martes la recopilación del testimonio de Timisay Monsalve Vargas, profesora de la Universidad de Antioquia y directora del laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de este centro de educación superior, sobre las exhumaciones que se presentaron en seis municipios de la zona de influencia de Hidroituango.
La Comisión de la verdad ya está consolidando toda la información pertinente para entregar al país su informe final en el mes de noviembre. Se está construyendo el cuerpo del documento para avanzar en su edición y lanzamiento, por lo que la comisión está adelantando diferentes labores para visibilizar al país el trabajo de estos años con diferentes actores del conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será la encargada de decidir sobre la solicitud de medida cautelar hecha por los miembros de los Procesos Organizativos Articulados de Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales vinculados a la Ruta del Cimarronaje en el Caribe Colombiano, con respecto al megaproyecto de “Restauración de ecosistemas degradados del canal del Dique
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prohibió durante seis meses, los entierros y exhumaciones en un punto específico del cementerio El Carmen, de Riosucio, Caldas.
El objetivo de la orden tiene como fin facilitar el trabajo en el proceso de búsqueda y posterior identificación de personas no identificadas inhumadas en el cementerio y posibles víctimas de desaparición forzada.
Abogado de 41 años, nacido en Medellín, exasesor legislativo del Ministerio de Defensa, Restrepo Gómez explica, en esta primera entrevista que concede como comisionado, en qué consiste la precisión que el Gobierno hace de “paz con legalidad”, y pide una “paz sin impunidad y con justicia eficaz”. A pesar de esa aparente crítica a los acuerdos de paz, Restrepo Gómez defiende la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero le pide que imparta justicia “sin demoras”.
Abogado de 41 años, nacido en Medellín, exasesor legislativo del Ministerio de Defensa, Restrepo Gómez explica, en esta primera entrevista que concede como comisionado, en qué consiste la precisión que el Gobierno hace de “paz con legalidad”, y pide una “paz sin impunidad y con justicia eficaz”. A pesar de esa aparente crítica a los acuerdos de paz, Restrepo Gómez defiende la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero le pide que imparta justicia “sin demoras”.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decidió ampliar por seis meses más las medidas cautelares de protección que obran sobre el cementerio de "los pobres" ubicado en Aguachica (Cesar), y en donde por un fallo de tutela los restos que reposan allí tuvieron que ser trasladados al cementerio católico central del municipio.
Las medidas cautelares para este espacio permitirán, según el tribunal, esclarecer si ahí yacen cuerpos de personas desaparecidas, al parecer, por la fuerza pública y las Farc.
