Si el Estado colombiano piensa sobre la guerra lo mismo que el ministro de Defensa, Diego Molano, significa que estas décadas de tanto dolor han sido en vano. Más allá del debate jurídico sobre si bombardear campamentos de bandas criminales donde hay menores de edad es legítimo bajo las reglas de la guerra, lo angustiante es que un funcionario de tan alto nivel demuestre tal grado de insensibilidad ante la vida humana. Las palabras empleadas por Molano muestran una concepción cruel, maniquea, facilista y francamente angustiante de la realidad colombiana.

Luz Amparo Merchán, madre de Yeimi Sofía Vega, de 15 años, viajó hasta Villavicencio a reclamar el cuerpo de su hija, quien falleció luego del bombardeo al campamento de “Gentil Duarte”.

La tragedia del reclutamiento de menores vuelve a estar en el centro de la discusión pública. Esta vez, a causa del bombardeo de la Fuerza Aérea a un campamento de las disidencias en el Guaviare en el que murieron 10 integrantes de la banda de ‘Gentil Duarte’, entre ellos varios menores.

Ahora sí, apague y vámonos. Esta semana terminamos discutiendo en el país la legitimidad del Estado para emplear su fuerza regular en defensa de todos los colombianos, mediante el bombardeo a los campamentos de los rebeldes ancestrales.

Es evidente que algunos sectores buscan que el Estado claudique en la protección de la sociedad, para que la insurgencia pueda continuar expandiéndose libremente y alimentando el negocio ilícito de la droga, hasta comprometer nuestra democracia.

Se realizó siembra y limpieza de cuencas hídricas. Nos acompañó el batallón Palacé, la administración municipal, ciclistas de la ciudad de Cerrito, Guacarí y Buga.

Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, de 57 años, es considerado objetivo de alto valor por la Fuerza Pública; de hecho, por él se ofrecen 2.100 millones de pesos por información que lleve a su ubicación.

‘Gentil Duarte’, según el Ejército, lleva 38 años delinquiendo. Ingresó a la guerrilla en 1981, al frente 14. Para 1999 ya era el jefe del séptimo y en 2014 ingresó al Estado Mayor.

Son dos posiciones distantes pero reales. La de unos padres de familia que se enfrentan a la muerte de sus hijos en medio de una operación de bombardeo contra un campamento de ‘Gentil Duarte’, y la de un Estado que se ampara en el Derecho Internacional Humanitario que las avala “en defensa de la soberanía, la seguridad nacional y la defensa de los ciudadanos”, papel que desempeñan las Fuerzas Militares dentro de su misión constitucional.

Los excomandantes Marcos Alvis Patiño, Alfonso López Méndez y Jhoverman Sánchez los relataron en la JEP. Los tratos inhumanos que sufrieron víctimas del secuestro en Colombia fueron narrados por tres mandos medios de la extinta guerrilla de las Farc vinculados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en hechos de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.

Un papá que sale de las instalaciones de Medicina Legal en Villavicencio con el cuerpo de su hija Danna Lizeth Montilla, de 16 años, sin dos de sus extremidades, en un ataúd. Una mamá que clama por saber el paradero de su hijo Andrés Fernando Valencia, de 15 años, que se aventuró, junto con otros siete amigos, a conocer el mar y cayó en manos de los armados a mitad del recorrido.

La reunión tuvo lugar el miércoles pasado a instancias del jefe de la delegación de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. El presidente, Iván Duque, se reunió en Bogotá con miembros del partido Comunes, entre ellos el jefe de esa colectividad Rodrigo Londoño, para dialogar sobre la implementación del acuerdo de paz y la seguridad para los desmovilizados de las Farc, entre otros asuntos.