En noviembre del 2016 la Corte Constitucional emitió una sentencia histórica. Por primera vez en Colombia se declaró la naturaleza y, particularmente, al río Atrato como sujeto de derechos. Sin embargo, casi cinco años después de esa proclamación, la protección del río parece quedarse solo en el papel. La minería, la contaminación, la deforestación y las afectaciones ambientales, sociales y culturales a las comunidades se mantienen, mientras las medidas tomadas por las autoridades encargadas son ineficientes.