En el 2020 no sólo los humanos nos vimos afectados por la pandemia. También sufrieron graves consecuencias miles de animales silvestres que fueron capturados de sus ecosistemas naturales para ser traficados de manera ilegal.
Monseñor Rubén Darío Jaramillo recibió amenazas contra su vida después de que hiciera diferentes denuncias sobre la situación de violencia que vive la ciudad: narcotráfico, reclutamiento de menores y corrupción fueron algunos de los temas sobre los cuales advirtió. El ministro del Interior, Daniel Palacios, fue quien confirmó que se hizo un aumento en el esquema de seguridad para proteger la vida del religioso.
La Defensoría del Pueblo alertó que 28 familias salieron desplazadas de San Antoñito, Río Yurumangui. Asimismo, 157 familias de la comunidad de Juntas se encuentran encerradas en sus casas sin poder salir por la presencia de grupos armados.
Grupos indígenas de Brasil y Colombia presentaron una demanda contra el grupo de supermercados Casino por la venta de carne asociada a la deforestación y la vulneración de derechos de esas comunidades.
La vida útil futura de la atmósfera rica en oxígeno de la Tierra es de aproximadamente mil millones de años, según revela un nuevo modelo numérico de biogeoquímica y clima.
El tráfico de fauna silvestre es el cuarto negocio ilícito más rentable del mundo, después del tráfico de drogas, el de armas y el de personas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En Colombia, tanto la Amazonia como el Pacífico, son cada vez más afectadas por el impacto devastador de este delito en la biodiversidad.
Ese es también el aporte principal que la Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho a la justicia. Pero el aporte es grotescamente insuficiente y es además la muestra de hasta dónde se han deformado las cosas más elementales en Colombia. Para decirlo en una línea: la JEP nos hace el favor de aplicar su justicia suavizada a una atrocidad que de otro modo quedaría completamente impune, y sin embargo es tan horrible que ni siquiera debería estar bajo el radar de la JEP.
Faltan dos meses para que se les venza el plazo a las antiguas Farc de responder a la imputación de la JEP contra 8 miembros del secretariado por sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, específicamente en el delito de toma de rehenes, o más claro, por su práctica generalizada y sistemática del secuestro.
Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dijo que aunque el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y niñas de este delito, la responsabilidad es colectiva. Reportó un caso de amenaza a un menor de edad desvinculado que estaba bajo la protección del Instituto.
El Acuario, operador del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Marina de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena- CORPAMAG, se encuentra realizando monitoreos de las especies de cetáceos, como delfines y ballenas, que visitan las bahías todos los años en las diferentes épocas del año.
