La sala penal del tribunal superior de Cartagena revocó un fallo histórico que había emitido un juzgado, y en el cual se ordenaba al Estado colombiano proteger a las abejas.

Pedía el fallo que, en cabeza de las principales entidades ambientales, agrícolas y de salud de la nación, con carácter urgente se detuviera la extinción de las abejas en Colombia, y que se promovieran políticas públicas en materia de precaución ambiental para la supervivencia de estos agentes polinizadores.