Un total de 160 billones de pesos, unos 50.000 millones de dólares, es el ‘avalúo’ de las propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de Desarrollo, quedaron más expuestas a la privatización.

Esto, porque ahora se pueden vender de manera directa aquellas en las que el país tiene una participación hasta del 49 por ciento (antes, el tope era el 10 por ciento). La venta de bienes públicos ha sido una constante en el país, muchas veces criticada –sin fundamento en unos casos, y con razón en otros–.