Con el anuncio del Gobierno de asumir la carga del pasivo pensional de Electricaribe con recursos públicos, se comienza a despejar el camino para despertar el interés de los posibles inversionistas operadores.

Sin embargo, el panorama no está del todo claro y quedan preguntas por resolver. El primer interrogante tiene que ver con las deudas anteriores a la intervención que suman $2,5 billones, y que en caso de reestructurarlas en su capital, también generarían un alivio para la rentabilidad del negocio.