La Fiscalía calificó como sin precedentes la captura de cinco personas por presunto daño ambiental y la extinción de dominio de 600 reses de ganado, avaluadas en $1.200 millones en el área protegida. Pero asociaciones y líderes campesinos rechazaron el modus operandi y exigieron diálogo con el gobierno nacional. El primer vinculado podría pagar 12 años de cárcel.