Las Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia (CAR), encargadas de administrar dentro del área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables, están sujetas a control fiscal por entidades como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, lo que significa que no deberían tener malos manejos de sus recursos.

Sin embargo, el estar vigiladas no las exime de malos manejos y actos de corrupción. Según las cifras de la Contraloría General de la República, a través de las auditorías de control fiscal hacia las CAR, se puede ver que desde 2016 hasta la fecha, los hallazgos fiscales superan los $124.000 millones. Un dato desalentador cuando lo que está en juego son los recursos naturales vitales para todos los colombianos.