La línea Negra, el decreto que dejó firmado Juan Manuel Santos horas antes de dejar la Presidencia de la República, tiene prendidas las alarmas en el sector de energía eléctrica, y aún más en los negocios de generación y transmisión.

La norma, que amplió la delimitación del pueblo ancestral de cuatro comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, alteraría la operación para las líneas de distribución y los proyectos de fuentes convencional y renovable, en los departamentos de La Guajira, César y Magdalena.