La Ley de Páramos, que fue aprobada recientemente en el Congreso, planteó la necesidad de proteger estos ecosistemas que ocupan 1,69% del territorio nacional, midiendo los efectos de dos sectores en particular, la minería y el agro.

Este segundo grupo de actividades tiene incidencia sobre los páramos por el alto uso de químicos necesarios para los cultivos de alturas, principalmente, los de papa y la ganadería, que se benefician de estas condiciones climáticas.