La aprobación de la Ley de Páramos en las sesiones extras del Congreso, el miércoles pasado, y que confirma el destierro de la operación minera de estos ecosistemas, también le cerró la puerta de la actividad a poco más de 25.000 personas que se dedican a las tareas extractivas en el país.

La nueva norma, que va camino a sanción presidencial, no solo deja sin el negocio a este número de mineros cuya producción está totalmente legalizada, sino que de paso le echa llave a por lo menos el 70% de las Unidades de Producción Minera (UPM) que existen en Colombia.