Con las Leyes 142 y 143 de 1994, el país se liberó de la inversión y gestión pública sin responsabilidad por los resultados financieros en generación eléctrica, y de la ausencia de incentivos a recuperar costos y a mejorar la calidad del servicio en distribución. Por cinco años, el modelo de competencia potencial en generación, incentivos en transmisión y distribución, regulación independiente y planeación indicativa, fue referente internacional.