Pese a la lluvia de críticas que surgen cuando el Estado anuncia la privatización de propiedades, entre el 2018 y 2019, el Ministerio de Hacienda, a través de Cisa, la ‘inmobiliaria’ pública, aspira a comercializar las partes minoritarias que tiene en sociedades.

El argumento para estas ventas, que además, está respaldada por ley, es que esas propiedades, en vez de generarle rentabilidad a la bolsa pública, le causan gastos y encarte.
Según las estadísticas de dicha dependencia, en el 2016 el Estado tenía acciones en 109 empresas y, cotejando las ventas hechas en 2017, hoy solo quedan 106, pues el año pasado fueron vendidas las acciones en Epsa, 0,35 % de participación estatal, Yara (1,75 %) y Sercofun (4 %). 

En total las participaciones mayores del 10 %, que puede vender a través del derecho privado, se concentran en 27 de ellas y, si se quita a Coltel (Colombia Telecomunicaciones), la más valiosa, avaluada en 2,08 billones de pesos,el patrimonio total escasamente supera el medio billón de pesos ($ 603.126 millones).