Después de 16 años de lucha jurídica, sin recibir una respuesta positiva por parte del Estado colombiano, la comunidades negras que viven alrededor del río Anchicayá (nace en Cali y desemboca en Buenaventura), no vieron más opción que llevar a instancias internacionales la situación que los dejó sin sustento, debido a que en junio de 2001, la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) abrió las compuertas de su represa y descargó sedimentos allí, matando los peces y los cultivos a su alrededor.

Este jueves, la población recibió una respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual se expresa el respaldo de este ente internacional para intervenir en el caso y buscar una solución al mismo, ya sea llegando a un acuerdo con las partes, que consistiría en una indemnización por $160.000 millones, u otorgando una sentencia unificada.