En un pronunciamiento trascendental en defensa de la descentralización y con el argumento que municipios y departamentos deben tener voz y voto en el manejo de su suelo, la Corte Constitucional limitó la facultad exclusiva que tenía el Gobierno Nacional para otorgar las licencias para la minera. El alto tribunal señaló que los mandatarios locales y regionales podrán decidir sobre proyectos mineros, acción que tomarán en forma transitoria o permanente.