A raíz de la segunda temporada de lluvias, que según las previsiones se extenderá hasta la primera semana de diciembre, la Superintendencia de Servicios Públicos se dio a la tarea, junto al Ideam y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de identificar cuáles son los municipios que pueden correr algún peligro en su infraestructura.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el superintendente José Miguel Mendoza explicó cuáles son sus preocupaciones en esta materia, además de las otras tareas que adelanta la entidad para verificar que se garantice la prestación de los servicios públicos en el país.

----

el superintendente explica que tienen bajo lupa alrededor de 1,1 billones de pesos de los programas de subsidios dirigidos a la energía, correspondiente al periodo 2012-2016.

Según Mendoza, intentan verificar que estos recursos sí sean dirigidos a compensar las tarifas que pagan los más pobres del país y que las empresas no se queden con estos recursos, que provienen del Fondo de Energía Social. “Por estos hechos sancionamos por 1.475 millones de pesos a Vatia, porque retuvo de manera irregular los subsidios”.