El pulso por la minería en el páramo de Santurbán regresó. Hace una semana más de 50 mil personas marcharon por las calles de Bucaramanga y Cúcuta para protestar contra Minesa, empresa multinacional que quiere licenciar un proyecto de extracción de oro en inmediaciones de este frágil ecosistema. Con llamados a favor de la protección del agua para 30 municipios de los Santanderes –que incluyen el área metropolitana de la Ciudad Bonita–, los manifestantes demostraron con contundencia que esa explotación minera está lejos de contar con el respaldo ciudadano.

La concurrida marcha por el agua es una muestra tangible de la férrea y articulada oposición que el sector minero está generando por todo el país. En el papel, la mina de Minesa sería el proyecto ideal para desarrollar: 9 millones de onzas de oro por más de 20 años; 5.000 empleos directos e indirectos en una región históricamente minera pero pobre como Soto Norte; 5,9 billones de pesos en regalías e impuestos, y el respaldo financiero del Gobierno de Emiratos Árabes. A lo anterior se añade la decisión de no usar sustancias tóxicas como cianuro y mercurio y de construir una mina subterránea con menor impacto ambiental.