El Consejo de Estado reafirmó la procedencia de un estudio de calidad de agua, decretado de oficio por el Tribunal Administrativo del Huila para determinar los posibles daños ambientales y la contaminación del río Magdalena ocasionados por la anticipada operación de la represa El Quimbo.

Sin embargo, consideró que al momento de decretarse deberá tenerse en cuenta la capacidad económica de las partes, para garantizar el acceso a la administración de justicia.

Pero además, despejó el camino para que la corporación judicial pueda fallar de fondo una acción popular instaurada por los productores y exportadores de tilapia el 29 de octubre de 2014.

La prueba técnica, el eje de la discordia, fue asignada de oficio a la Universidad de Medellín para despejar las dudas sobre la contaminación y la pérdida de oxígeno que puede poner el riesgo la piscicultura en el embalse de Betania.