¿Está condenada Colombia a olvidarse de su inmensa riqueza minera y de sus recursos petroleros? ¿Tienen ventaja las organizaciones criminales para realizar la explotación minera? ¿Existe un buen manejo del inmenso tesoro de las regalías o ha sido otra oportunidad para el despilfarro y el latrocinio? ¿Existe una institucionalidad nacional y territorial capaz de lidiar con estos desafíos, conforme a las mejores prácticas?