La plenaria del Senado de la República  le dio último  debate  al proyecto de ley que prohíbe la suspensión del servicio público, sí el saldo de la factura es menor al cobro de reconexión. En el proyecto de ley quedó contemplado que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios están obligadas a tener una oficina de atención al cliente en cada municipio del país donde operan.