Uno de los más grandes fracasos de una política pública se ha dado en la estructuración de los llamados sistemas masivos de transporte, sistemas integrados y sistemas estratégicos. Para el gobierno nacional era claro, incluso antes de la expedición de la Ley 310 de 1996 que en el sector había deficiencias en la planeación, control y estrategias para la prestación del servicio. Ausencia de indicadores operacionales, superposición y paralelismo en rutas, incumplimiento de normas y los principios del servicio, ausencia de procesos de selección y capacitación de
conductores, baja rentabilidad económica, ineficiencias del sistema en operación que se trasladan al usuario en la
tarifa, tarifas solo basadas en los consumos del vehículo y no considerando operaciones eficientes del equipo.