En 2012, una sentencia judicial obligó al Estado colombiano a financiar un estudio ambiental integral para evaluar los daños causados por la minería ilegal en la cuenca del río Dagua, uno de los más importantes del Valle del Cauca. Trece años después, los 20.000 millones de pesos ordenados para tal fin siguen desembolsarse, y las comunidades afectadas continúan esperando justicia ambiental, social y económica.

La denuncia la lidera Jorge Enrique Torres, accionante de la demanda de acción popular que dio origen al fallo. El reconocido líder ambiental afirma que las autoridades no solo han incumplido la orden judicial, sino que han “revictimizado” a las comunidades rurales de Buenaventura que, históricamente, dependen del río Dagua para su subsistencia.

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