Lo sucedido este fin de semana entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora Dilian Francisca Toro debe llevarnos a una reflexión profunda como ciudadanos: ninguna diferencia en el Congreso de la República puede justificar retaliaciones presupuestales contra el Valle del Cauca ni ningún departamento. Es completamente desafortunado que el primer mandatario y sus ministros afirmen públicamente que se debe “castigar” a todo un departamento por la actuación legítima de sus congresistas. Por esto, la sola idea de posibles efectos negativos al Valle del Cauca por una supuesta ‘traición’ debe ser rechazada por todos, incluidos los parlamentarios afines a este Gobierno.