La fiebre amarilla no regresó por azar. Su rebrote, que ya ha dejado al menos 34 muertes confirmadas, refleja un sistema de salud debilitado en todos sus niveles: financiero, preventivo y operativo. El Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria, pero lo hizo con un sistema en cuidados intensivos. Hoy no enfrentamos solo una crisis epidemiológica, enfrentamos una fiebre institucional que pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar el derecho fundamental a la salud.