Las tarifas de energía en Colombia han sido un problema por décadas, especialmente en el Caribe, debido a factores como la dependencia hidroeléctrica y fenómenos climáticos. Durante sequías, se recurre a plantas térmicas, más costosas y contaminantes. El Gobierno Nacional, mediante la Resolución 101 066 de 2024, estableció un tope tarifario diferenciando entre plantas con costos altos (gas y combustibles importados) y bajos (renovables y carbón). Esta medida busca eficiencia y justicia para los usuarios, reduciendo el precio de escasez para fuentes económicas a $359 kWh, frente a los $945 kWh anteriores. El cambio beneficia al 20 % de la energía adquirida en bolsa, tradicionalmente encarecida por plantas menos competitivas, haciendo el sistema más equitativo y sostenible.