El Consejo de Estado recibió una demanda del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, contra el decreto firmado el 15 de octubre de 2024 por el Ministerio de Ambiente, que otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas. Ruiz sostiene que el presidente Gustavo Petro se extralimitó al expedir el decreto sin la intervención del Congreso. La normativa regula el funcionamiento de territorios indígenas en temas ambientales y establece lineamientos de coordinación con otras autoridades, como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). La demanda advierte sobre conflictos de jurisdicción entre las CAR y las comunidades indígenas, al compartir competencias en 115 territorios. Petro anticipó una "batalla jurídica" y criticó la efectividad de las CAR en el cuidado ambiental, señalando su susceptibilidad a intereses económicos.