El decreto 1275 de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro, otorga a las comunidades indígenas la autoridad para gestionar temas ambientales en sus territorios, igualándolas con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Este decreto, resultado de un acuerdo entre las comunidades indígenas y el Gobierno, ha sido demandado por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien argumenta que el Gobierno excedió sus competencias al no involucrar al Congreso. Ruiz considera que esta decisión podría causar conflictos de jurisdicción y dificultades en la gestión ambiental debido a posibles luchas de poder entre las CAR y las comunidades indígenas. Mientras el Consejo de Estado evalúa la nulidad solicitada, las comunidades indígenas mantienen su autoridad ambiental en sus territorios.