El decreto 1275 del 15 de octubre de 2024, emitido por el Gobierno Nacional, otorga a las autoridades indígenas competencias para formular y aplicar políticas ambientales en sus territorios. Aunque respaldado por el Ministerio de Ambiente y organizaciones indígenas, el decreto ha suscitado controversia. El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, demandó el decreto ante el Consejo de Estado, argumentando que el presidente Gustavo Petro excedió sus competencias al no involucrar al Congreso. Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) también han expresado preocupación, señalando posibles conflictos de competencia y problemas jurídicos. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente lo considera un avance en la protección de los derechos indígenas y el cumplimiento de la Constitución de 1991 y del Convenio 169 de la OIT.