El Decreto 1275 de 2024, emitido por el Ministerio de Ambiente, otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas y regula su coordinación con otras entidades en la gestión de recursos. El exministro Wilson Ruiz presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, argumentando que el presidente Gustavo Petro excedió sus competencias y violó el rol del Congreso. La demanda señala que la medida genera conflictos con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y podría afectar la gestión ambiental. Petro defendió el decreto, anticipando una batalla jurídica y destacando el papel crucial de los pueblos indígenas en la protección de la naturaleza.