En 2016, la Corte Constitucional marcó un hito al reconocer al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección. A través de la sentencia T-622 ordenó al Gobierno Nacional elegir un representante legal de los derechos del río, para lo cual se designó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como representante legal. Además se conformó una comisión de guardianes comprendida por un representante del Gobierno Nacional y un cuerpo colegiado de las comunidades. Ahora, un proyecto de Ley busca hacer lo mismo con el río Sumapaz.