El alcalde de Medellín, como presidente de la junta directiva de EPM, compañía que presta servicios públicos en 12 departamentos, le solicitó la semana pasada al presidente Petro autorización para congelar la tarifa de servicios públicos, una jugada arriesgada desde el punto de vista empresarial, pero bastante coherente y justa desde lo social.

Se asoma la esperanza con la decisión de asumir las funciones de las comisiones reguladoras de agua potable y energía por parte del presidente de la República, en un hecho inédito que debe surtir resultados pero también enseñanzas y reformas en la institucionalidad y la normativa sobre la que se soporta la prestación de los servicios públicos en el país.