Aunque, por ahora, la condena no implica una sanción, sí podría llevar a que la Comisión Europea solicite imponer una multa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea encontró que, entre 2010 y 2018, se superaron los límites anuales de concentración de dióxido de nitrógeno en Madrid y el área metropolitana de Barcelona.