El pasado mes de septiembre, el Consejo de Estado dictó una histórica sentencia de 475 páginas en materia ambiental y minera. Para la concesión de títulos mineros, el Consejo de Estado encontró la existencia de un desorden institucional y un déficit de protección ambiental en las reglas que hay para tramitar y otorgar dichas solicitudes en el país, por lo que dictó una serie de órdenes estructurales para resolver el problema.