El Gobierno Nacional suscribió en 2019 el Acuerdo de Escazú y esta semana el Congreso lo ratificó, luego de más de un año de intensas discusiones. En adelante, el Estado colombiano está obligado a cumplir cinco aspectos medioambientales globales que buscan proteger a sus defensores; garantizar mecanismos para evitar vulneraciones de derechos; participación de las comunidades; acceso gratuito y público a la información medioambiental, de tal manera que las personas conozcan sobre la calidad del aire y el agua. El marco global tras este avance es el principio número 10 de la conferencia ambiental de las Naciones Unidas que reza: “toda persona tendrá acceso a la información, participará en la toma decisiones y accederá a la justicia en asuntos ambientales con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras”.