Alzas hasta del 50 % en el último año, y el reclamo que crece entre los usuarios, llevan a pedir explicaciones sobre lo que está sucediendo con el servicio de energía y el precio que pagan por él los colombianos. Y obliga al Estado a intervenir para protegerlos de unos incrementos que afectan de manera alarmante el bolsillo de las familias y el costo de vida de productores y consumidores de toda clase de bienes.