La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó un apartado de la Ley de Transición Energética que decía que las empresas prestadoras de energía debían asumir todos los costos de adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de medidores inteligentes. Se trata de la ley 2099 de 2021 que en su artículo 56 decía que “de ninguna manera” ese costo podía ser trasladado al usuario en la facturación o en cualquier otro medio.