La JEP imputó cargos por falsos positivos al general Paulino Coronado, comandante de la de la Brigada No.30, así como a 9 oficiales y suboficiales de la Brigada No.15 con sede en Ocaña. La Sala de Reconocimiento de la JEP evidenció este negocio criminal en que estos miembros del Ejército Nacional transaron con civiles para el reclutamiento de jóvenes de otras ciudades para luego asesinarlos.