A mediados del 2015 me sorprendió una llamada de mi amigo Luis Fernando Andrade, quien presidía la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Me solicitó un favor: me dijo que en diciembre del 2014 se había adjudicado una carretera que beneficiaría al Valle del Cauca. Se refería a la vía Mulaló-Loboguerrero de 32 km de longitud, cuyo inicio estaba previsto para agosto del 2016. Manifestó que él estaba procurando convencer unas comunidades de la región sobre los beneficios de la obra. Sin embargo, dudaba que, siendo rolo, fuese la mejor opción para cumplir con esta tarea. Además, me informó que habían realizado un estudio, por valor superior a $1500 millones, para evaluar la afectación de un acuífero en Pavas, el cual demostraba que la vía no le causaría daño alguno.