La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares por un año en el Cementerio Central de Neiva -que está bajo la administración de la Parroquia de la Inmaculada Concepción desde 1883-, para proteger los cuerpos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada del conflicto armado.