Buscando proteger los cuerpos de personas no identificadas inhumadas en el cementerio El Carmen, de Riosucio (Caldas), y el proceso posterior de identificación de las posibles víctimas de desaparición forzada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prohibió durante seis meses los entierros y las exhumaciones en este punto de interés forense.