La gestión ambiental del Estado necesita cambios estructurales porque el proceso de licenciamiento ambiental no tiene un enfoque de derechos y persisten las barreras para la participación ciudadana. En medio de las actuales manifestaciones, el rol de los derechos humanos (DDHH) ha sido uno de los principales puntos del debate, tal y como ha sucedido en materia ambiental. Las exigencias sociales incluyen que se impida la aspersión aérea con glifosato, se ratifique el acuerdo de Escazú, se prohíba el fracking y la megaminería de metálicos, entre otros, temas que tienen relación directa con nuestras garantías fundamentales.