Casi siempre que se presenta una nueva reforma tributaria, se revisa o se discute en el Congreso el impuesto parafiscal de 4% que pagan los empresarios por cada empleado y que se destina a fortalecer el sistema de cajas de compensación familiar, entidades creadas en 1957 para administrar y pagar el subsidio familiar, pero que pasadas casi siete décadas tienen docenas de servicios diferentes. Esta vez, el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible, o tercera reforma tributaria de este Gobierno, ha sido una excepción y no se ha tocado a las cajas, pero su papel en el sector de la salud es determinante para que empiecen a pedir espacio en el plan de vacunación del sector privado, que es inminente.