La estrategia desestabilizadora de los grupos radicales del país busca hacer de la calle el nuevo escenario de su lucha. De allí que, para proteger a los actores de las revueltas violentas, se inventaron la doctrina de la “criminalización de la protesta social”. Buscan desinformar con la tesis de que en Colombia es delito protestar, cuando la persecución penal solo se predica de los terroristas que aparecen en las movilizaciones, para quemar vivos a los policías o para destruir cuanto negocio encuentran a su paso o para bloquear las vías públicas.