Lo habitual en los procesos judiciales es que los acusados traten de demostrar su inocencia y la Fiscalía busque las pruebas para demostrar su culpabilidad. Todo lo contrario está ocurriendo en el proceso que abrió la JEP desde cuando un grupo de excomandantes de las Farc se autoincriminó por el asesinato del dirigente político Alvaro Gomez ocurrido en 1995.