Durante la semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz reveló que los casos de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por militares, fenómeno mal llamado falsos positivos, habrían superado las 6.000 víctimas durante el mandato del presidente Álvaro Uribe. La respuesta desde el uribismo fue rechazar lo dicho por el tribunal transicional y sembrar dudas sobre la metodología para llegar a la cifra de víctimas.