El Estado colombiano reconoció de forma parcial ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos contra miembros y seguidores del Partido Unión Patriótica (UP) ocurridas a partir de 1984, mientras que los demandantes pidieron a los jueces una sentencia integral que reconozca a cerca de 6.000 víctimas. La CIDH afirmó ante los jueces que este caso no versa sobre la justicia transicional ni la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, pues esos mecanismos no excluyen la acción de la justicia internacional.