El presidente, Iván Duque, decidió centralizar en la Fiscalía el conteo de asesinatos de líderes sociales, una tarea que hacía la Defensoría del Pueblo y que levanta sospechas de un intento de tapar y minimizar un problema que desangra al país. Según el sistema de monitoreo de la Justicia Especial para la Paz (JEP) Colombia está viviendo el inicio de año más violento desde la firma de paz en 2016.