Un juzgado de Ejecución de Penas determinó que la Agencia Nacional de Tierras vulneró los derechos de líderes de organizaciones campesinas que, desde 2011, solicitaron que sus territorios fueran declarados como Zonas de Reserva Campesina. Aunque cumplieron con los requisitos, la entidad nacional dilató los procesos y casi una década después, no les ha dado ninguna respuesta.