La Contraloría imputó a 28 personas, entre ellas dos exgobernadores de Antioquia y a dos exalcaldes de Medellín, por sus presuntas responsabilidades por malas decisiones administrativas en la construcción de la central eléctrica Hidroituango. La medida, de carácter fiscal, fue tomada por el detrimento de 4,1 billones de pesos por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto.